UN JUEZ Y EL 18 DE JULIO

El chivo expiatorio ha sido quien intentaba poner en su sitio la memoria histórica de un régimen criminal

ANTONIO ELORZA (El País)

Más allá de lo que representa la condena de Baltasar Garzón, hay un aspecto a subrayar en este episodio: el coro de brutales descalificaciones que desde la derecha llovieron sobre el magistrado desde que destapó la trama Gürtel y que ahora han culminado en la danza india de celebración en torno a su condena. Con Telemadrid y los señores del torito en la posición estelar que les corresponde. Cierto que ya existió una ola de ataques en los años noventa, entonces desde medios socialistas, por otra investigación políticamente incorrecta, sobre los GAL, y con coincidencias formales respecto de la actual: cualquier leguleyo de la última hornada denunciaba la intención perversa de Garzón y su incompetencia a la hora de elaborar las instrucciones.
Pero entonces fueron casos aislados, que muchas veces se expresaban en el ámbito privado, mientras que ahora estamos ante un prolongado ataque de todos y cada uno de los medios, de todos y cada uno de los columnistas o tertulianos, de un modo únicamente calificable de ferocidad y que por el ensañamiento mostrado hacia quien en definitiva es la víctima del episodio tampoco admite otra etiqueta que el de ataque al modo de una jauría. Nada cuenta para los afines ideológicos a Gürtel que antes Garzón entrase a fondo en el espinoso asunto de los GAL o que luego desarrollara una labor decisiva nada menos que en el desmantelamiento de las organizaciones políticas y de comunicación dependientes de ETA. Sobre Pinochet, a fin de cuentas un amigo poco presentable, simple mención de que ahí también fracasó. La lucha contra los excesos del poder y la voluntad de conseguir una justicia de ámbito universal sobre los derechos humanos se convierten para nuestros periodistas de orden en amenaza permanente de violación de los derechos humanos porque, claro, el derecho de defensa (y de impunidad) de los corruptos, de los tiranos, está por encima de todo. El juez Castro puede prepararse si se obstina en tratar al Duque de acuerdo con el principio de igualdad ante la ley.
Por encima de todo, está la exigencia de castigar a quien se atrevió a poner en tela de juicio al 18 de julio, que a fin de cuentas sigue siendo el hecho fundacional de la posición dominante de nuestra derecha en los planos social y económico (y por lo que ahora vemos en el judicial). Zapatero despertó al tigre dormido con la Ley de Memoria Histórica, según pudo verse luego simple aderezo cosmético: el informe contra el auto de Garzón de un leal al presidente, el fiscal Zaragoza, puso la primera piedra en la construcción de la inminente condena de Garzón, por suponer ingenuamente el juez que era posible aquí lo que fue posible en otros países: dejar claro ante los españoles los crímenes contra la humanidad de los sublevados.
En España no hay una conciencia democrática fomentada incluso desde posiciones conservadoras, como el gaullismo en Francia o la democracia cristiana en Italia. Aquí asistimos al triunfo del reformismo franquista de Fraga, erróneamente tildado de fracaso porque “don Manuel” no llegó a jefe de Gobierno. En vez de cortar con la dimensión dictatorial de su pasado, crímenes y torturas incluidos (Grimau, Asturias 63, Ruano, Vitoria), Fraga inculcó a los suyos que debían actuar en democracia pero teniendo en cuenta que el “simpático” 18 de julio suprimió una República corrompida y que la dictadura de Franco fue una edad de oro. En su primer mandato, Aznar rectificó algo pero luego, tras en 11-M, el virus neofranquista pasó a difundirse sin obstáculos en la mentalidad “popular”. Hacía falta un chivo expiatorio: nadie mejor que quien ponía en marcha un procedimiento donde se intentaba poner en su sitio la memoria histórica de un régimen criminal. A quienes dicen que la justicia debe dejar paso al trabajo del historiador hay que responderles que Nürenberg fue imprescindible para la recusación definitiva del nazismo. Solo que aquí los herederos de los culpables acabaron condenando y eliminando al juez. Eso sí, con el conveniente enmascaramiento de empezar por Gürtel y dejar todo hecho antes de lo esencial.
Del franquismo sobrevivieron demasiadas cosas, empezando —léase Der Spiegel— por un Rey que tanto estimaba a los golpistas del 23-F, para mi sorpresa, lo confieso. Garzón pudo cometer errores, pero fue su valiente enfrentamiento a esos residuos de la dictadura lo que le llevó a la soledad primero, y por último a una inadmisible destrucción.
Y ahora implantemos una reforma laboral “agresiva”. Arriba y abajo. Todo encaja.

INSTRUCCIONES PARA UNIRSE A LA QUERELLA ARGENTINA SOBRE LOS REPRESALIADOS Y DESAPARECIDOS DEL FRANQUISMO

La presente tiene por objeto clarificar el modo en que deben efectuarse las denuncias o querellas por parte de las víctimas directas y/o familiares y/o testigos de los crímenes cometidos por la dictadura franquista y sus integrantes, durante el período comprendido entre el 17 de julio de 1936 y el 15 de junio de 1977, para ser presentadas ante el juzgado argentino que tramita la causa relacionada con dichos crímenes, es decir la causa 4591/10 caratulada “N.N. s/genocidio” del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal nº1 - Secretaría nº 1 , de la ciudad de Buenos Aires - República Argentina.
a)  Denunciantes en Argentina: los denunciantes que residan en Buenos Aires, o en otros lugares del país - y quienes viviendo fuera del mismo deseen trasladarse para declarar directamente ante el Juzgado -, deben canalizar preferentemente su denuncia en forma personal ante el propio juzgado. A tal efecto deben ponerse en contacto con los abogados actuantes, directamente o a través de las asociaciones en que estén integrados, para que por los mismos se les instruya sobre los detalles de la comparecencia y se solicite que por el juzgado se fije fecha para la declaración
El día de la citación el denunciante debe realizar ante el juez un relato pormenorizado de las circunstancias del delito y concurrir con la mayor cantidad de pruebas que tenga en su poder en relación con los hechos que denuncia (documentos, tales como partidas de nacimiento y defunción de la víctima, en su caso; documentos que acrediten el parentesco del denunciante, si la víctima es un familiar; sentencia de muerte en su caso; sumarios judiciales o de Consejos de Guerra; constancia de los lugares en el que el familiar, o la víctima, estuvo detenida: investigaciones efectuadas; testigos de los hechos si los hubiera, con indicación en este caso de sus datos personales y domicilio para que pueda ser citados por el juzgado y, en general, cualquier elemento de prueba que sea útil para acreditar los hechos). Si no se tuvieran pruebas como las señaladas, pero si conocimiento general de los hechos, puede realizarse igualmente la denuncia.
Las personas que se encuentren en Argentina y por cualquier motivo no puedan o no quieran comparecer directamente ante el Juzgado deben actuar como se señala seguidamente para quienes estén en el exterior del país.
b)  Denunciantes en España o cualquier otro país: los denunciantes que residan fuera de Argentina - y los que, como se ha señalado, vivan en el país pero por alguna razón no puedan comparecer directamente ante el juzgado - deben efectuar su denuncia ante notario. Han de llevar a la notaría - manuscrito o mecanografiado- el relato escrito de los hechos solicitando del notario que levante acta y expida testimonio de la misma dejando constancia de que se efectúa para agregarla a la causa judicial y al Juzgado antes señalado. Junto a la declaración deben acompañarse las pruebas antes referidas, si se las tuviere. La copia autenticada del acta notarial, a la que debe insertarse la apostilla de La Haya para que tenga validez en Argentina, debe ser entregada a las asociaciones o abogados con los que el denunciante se puso en contacto para prestar su declaración, para que estos a su vez los remitan a los abogados o asociaciones que los diligenciarán en Argentina, o ser dirigida directamente a éstos.
Los cónsules argentinos en el exterior, en su calidad de notarios, pueden recibir las denuncias. De acuerdo a lo previsto en la Resolución 7.9.1 del gobierno argentino sobre aranceles, y tratándose de testimonios realizados para una causa sobre derechos humanos, este trámite no tiene costo alguno. En caso de que se elija esta opción se puede solicitar del cónsul que, una vez labrada el acta, directamente la remita al juzgado argentino. ( Sin perjuicio de ello es importante pedir una copia autenticada del acta para enviarla a abogados o asociaciones de Argentina).
Si el cónsul se negara a remitir el acta al juzgado, porque entendiera que no está entre sus funciones, se debe actuar en el modo señalado en el párrafo anterior, es decir pedir una copia autenticada del acta y remitirla a las asociaciones o abogados de Argentina.
c)  Querellas: Quienes se quieran presentar como querellantes deben actuar en líneas generales como se ha descrito anteriormente otorgando, además, un poder especial para pleitos para ser presentado en la causa y ante el juzgado argentino antes mencionado. El poder debe ser otorgado a favor de los abogados actuantes en Argentina y, si se desea, a los abogados de confianza que los denunciantes consideren o tengan en su lugar de origen, a efectos de que estos apoderen a su vez a los que actúan ante el juzgado. Naturalmente cualquier persona puede apoderar a cualquier abogado u otra persona, aunque recomendamos que se utilice preferentemente a los ya designados para evitar la atomización y descentralización de las denuncias y querellas.
Los abogados actuantes en este momento son los siguientes:
David Baigún; Máximo Castex; Ricardo Daniel Huñis; Carlos Alberto Slepoy y Beinusz Szmukler, todos ellos con domicilio profesional en Avda. Corrientes 1515 - 2ª A - ciudad de Buenos Aires - República Argentina y nº de teléfono 4374 5507, y
Héctor Luis Trajtemberg y Carlos Mariano Zamorano, ambos con domicilio profesional en Avda. Corrientes 1785 - 2º C - ciudad de Buenos Aires - República Argentina y nº de teléfono 4371 3939.
Para cualquier duda o sugerencia llamar a los abogados o ponerse en contacto con las asociaciones.
(Los residentes en España que deseen presentarse pueden dirigirse a Ana Messuti, abogada argentina que reside actualmente en Salamanca, quien responde a las consultas, recibe la documentación y la transmite directamente a los abogados actuantes en Buenos Aires. Su correo electrónico es: Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla )

Enlace al video en el que Carlos Slepoy explica en qué consiste la querella