OCHENTA AÑOS HUÉRFANOS DE REPÚBLICA

OCHENTA AÑOS HUÉRFANOS DE REPÚBLICA

 El día 14 de abril se cumplieron 80 años de la proclamación de la II República.  Con este acto queremos testimoniar nuestra fidelidad y solidaridad con aquella etapa histórica excepcional para los españoles y rendir homenaje a los hombres y mujeres que por sumarse a aquel proyecto ilusionante de emancipación, fueron sus víctimas.

 Queremos también reafirmar nuestro compromiso con las víctimas y sus familiares y con todos aquellos que continúan luchando por la verdad, la justicia y la reparación.

 Debemos recordar que la instauración de la segunda república fue la de la primera experiencia democrática española.  Supuso la instauración de un nuevo sistema político en el que los españoles vivieron un proyecto democratizador y modernizador sin precedentes en la historia; una etapa, que pudo ser irreversible, de fertilidad política y cultural, de justicia social, de eliminación de privilegios y desigualdades hirientes.  La relación de los avances sociales y políticos fue inimaginable: el sufragio universal con el voto femenino; la libertad de conciencia, la justicia universal y gratuita para los que carecían de medios, las reformas agrarias y militar, el derecho a la educación con una enseñanza laica, pública y sin discriminaciones, la separación de la Iglesia y el Estado, el laicismo, el divorcio, los intentos de acercar la cultura al pueblo, o el estatuto de autonomía de Cataluña que quisieron los catalanes, están entre los más importantes principios programáticos.

 El pueblo español, históricamente súbdito y siempre sometido a poderes totalitarios, recibió con entusiasmo la proclamación.  Se manifestó en una fiesta popular y democrática que tomó las calles pacíficamente.

 Las fuerzas reaccionarias coetáneas comenzaron desde el primer momento la labor de destruirla hasta que lograron abortar la experiencia democrática republicana, la esperanza rota del pueblo español, dinamitada por un golpe de estado y una cruenta guerra.

 El franquismo se levantó contra un programa de reformas de unos republicanos moderados, que sólo amenazaban los injustos privilegios de unas clases dominantes que obstaculizaban las libertades y el progreso del país.

 Los golpistas iniciaron una represión premeditada y fría, ejercida contra todo tipo de republicanos o simplemente contra los discrepantes por su credo social y político, hasta alcanzar las dimensiones y las características de un holocausto alucinante.  Los crímenes lo fueron para liquidar cargos públicos o sindicales, para aterrorizar; incluyeron la incautación de bienes, depuraciones de funcionarios, juicios sumarísimos, condenas arbitrarias, campos de concentración, prisiones, trabajos forzados; ejemplos todos de violencia sistemática para aterrorizar a la población y hacer limpieza ideológica.

 Decenas de miles de personas fueron asesinadas en aplicación del bando de guerra; ejecuciones extrajudiciales, por haber defendido la legalidad democrática frente a criminales que se habían alzado imponiendo un régimen de terror y de los que el Estado democrático todavía no ha dado cuenta.  Después, de forma también sistemática pero más lenta, los consejos de guerra, instrumentos del crimen de estado, que, se ha dicho, no eran tribunales sino piquetes de verdugos, ni sus sentencias actos de justicia, sino hechos de barbarie.

 En la vida social y política española se ha conseguido mantener una visión negativa de la II República.  Se acentúa la ofensiva revisionista a pesar del planteamiento de los historiadores científicos de que la represión en la España leal fue consecuencia de la revolución desencadenada por el golpe, muy inferior en las cifras y radicalmente diferente; pues difiere una masacre promovida por quienes se levantan contra la legalidad vigente, de la reacción popular consiguiente.

 Hoy la consigna es no abrir heridas.  Cada día son más, quienes afirman que continúa sin ser el momento de reivindicar cierta memoria histórica; quienes argumentan que seguir abriendo las fosas de 130.000 civiles y defensores de la democracia y la legalidad republicana asesinados, resulta caro.  Los crímenes contra la humanidad impunes del franquismo, son obviados en la enseñanza secundaria.  En algunas autonomías se contrata a quienes adoctrinan en cursos neofascistas de “capacitación de profesores”, sobre una guerra civil ganada por genocidas nacionalcatólicos, con el apoyo de Hitler y Mussolini.  La defensa de la Ley preconstitucional de Amnistía, la ha convertido en una ley de impunidad para los criminales franquistas.  Por calles y plazas de todo el país persisten los signos de homenaje y celebración del triunfo de la violencia, de la negación de la razón y los derechos humanos, de insulto a la Democracia y enaltecimiento de la dictadura. 

 Nuestra derecha se siente mayoritariamente heredera del franquismo.  Ya ha pasado el tiempo en el que el franquismo estaba socialmente mal visto y la derecha era prudente.  En los medios de comunicación, en la política y en la judicatura, los reaccionarios están saliendo del armario.

 No podemos ser insensibles y ciegos ante la lamentable persecución y linchamiento a que está siendo sometido el juez Garzón por haberse atrevido a investigar, jurídicamente, los crímenes del franquismo.  Amnistía Internacional ha señalado que será la primera vez, en democracia, que sientan a un magistrado en el banquillo por estos motivos.  Pretenden lanzar un mensaje coactivo contra quienes intenten, en cualquier lugar del mundo, justicia y reparación para víctimas de crímenes contra la humanidad.  Los que lo quieren juzgar, pretenden imponer el olvido frente a la memoria.  Una justicia que desprecia el derecho a la verdad y a la reparación de las víctimas, las deja indefensas de los crímenes que el magistrado intentó perseguir.  Es evidente que un estado democrático con esta Justicia, no es capaz de hacer justicia a las víctimas de la dictadura franquista.

 El Tribunal Supremo viene denegando, sistemáticamente, la revisión de las condenas a muerte y la anulación de las sentencias dictadas por aquellos infra-tribunales, basándose en el pintoresco pero esclarecedor argumento de la “seguridad jurídica”.  Mantiene su tradición y sostiene que la transición se hizo “de la ley a la ley” y se resiste a admitir que un estado de derecho sólo es posible, necesariamente, con “un corte profundo en el orden precedente del Estado policial, como reclama una verdadera cultura de la legalidad democrática”.

 En la sentencia que rechaza anular la condena a Miguel Hernández, vuelven con la “seguridad jurídica”.  Cuando denegaron la revisión del crimen de Julián Grimau “había que garantizar la seguridad jurídica que la sociedad requiere”.  Y decían más, estos jueces de nuestra democracia actual:  “La autoridad militar judicial, legítima a todos los efectos, aprobó la sentencia de muerte por considerar ajustado a la ley, quedando firme”.  La “legítima autoridad militar” del franquismo; “sentencia ajustadas a las leyes” del franquismo.  ¿Dónde la reparación de los crímenes?  El magistrado de la Audiencia Nacional, Ramón Sáez, ha dicho que: “la pretensión de mantener las sentencias del terror es antijurídica y el único interés que pretende tutelar es el honor de las instituciones de la dictadura; un estado ilegal según el derecho internacional”.

 La verdadera democracia española no podrá nunca construirse sobre un genocidio impune.  La democracia española actual se ha manifestado incapaz de democratizar el mundo judicial cuya cúpula está, en buena medida, secuestrada por la derecha franquista.

 La actual democracia española tiene como referencia fundacional la ocultación del recuerdo de la democracia republicana.  El discurso de la “reconciliación”, discurso ideológico del actual estado democrático, ha supuesto la incautación de la memoria democrática.  Los resistentes de todos los momentos frente a la dictadura, han sido marginados; su participación colectiva en la conquista de la democracia, continúa sin admitirse.  La democracia española y su Estado han sido y son incapaces de asumir el universo simbólico de la memoria democrática.

 El actual Estado democrático continúa construyendo, sin descanso, el modelo español de impunidad.  Las leyes de Amnistía y Memoria Histórica, el rechazo a las peticiones de investigación de los crímenes políticos, no son otra cosa que políticas de “punto final” que certifican la impunidad para aquellos que impusieron y gestionaron la dictadura.

 Para las víctimas del genocidio franquista y desde la perspectiva de la memoria social, es ya insuficiente avanzar en las exhumaciones, en las identificaciones gratuitas, en el mapa de fosas o en la reconversión del Valle de los Caídos.  La decencia política y la dignidad de la democracia, requieren de una ley que anule las sentencias infames, las sentencias del horror, que son crímenes de Estado.  Y así continuarán mientras el daño causado siga sin reconocimiento ni reparación.  Creemos que los hechos que denunciamos hoy comprometen nuestro presente.

 Desde nuestra firmeza y radicalismo en defensa de la Democracia, sin rencor ni resignación, pero clarividentes, continuaremos trabajando por acabar con la impunidad de los crímenes cometidos por el franquismo.  No toleraremos el linchamiento de quienes pretendan la tutela de las víctimas ni la criminalización de la búsqueda de la verdad.  Decimos sí a la verdad y a la memoria.  Decimos sí, a la justicia y al derecho internacional.  Decimos sí a la reparación.  Decimos no, a la desmemoria.  Decimos no, a la impunidad de los asesinos y a quienes hoy manifiestan connivencia con ellos.  Decimos no, al desamparo de las víctimas.

                          Necesitamos y decimos sí a una democracia republicana.

                                                Zaragoza, 16 de abril de 2011.